Cuando los militares chilenos derribaron la puerta de su casa y arrastraron de la cama a su pareja en una madrugada de primavera de 1986, Alicia Lira tenía 37 años.

Corrió gritando tras los coches de los uniformados, pero nunca más volvió a ver a su “amor” Felipe Rivera, que fue ejecutado de varios tiros en la cabeza.

Casi cuatro décadas después, Lira cuenta que “el sufrimiento sigue vivo” y asegura que nada la frenará en la búsqueda por “justicia y verdad”.

La elección de un ultraderechista en el balotaje presidencial del domingo agita los fantasmas de la dictadura de Augusto Pinochet en un país que recuperó la democracia hace 35 años, pero aún no supera ese sangriento capítulo de su historia.

– “Llorar de impotencia” –

El triunfo de José Antonio Kast, que apoyó a Pinochet y será el mandatario más a la derecha en Chile desde el fin de la dictadura en 1990, da ganas de “llorar de impotencia, de llorar de rebeldía”, dice Lira a la AFP mientras se empañan sus ojos.

En la solapa del bléiser, sobre el corazón, lleva prendida la foto de Rivera, a quien llama todavía “mi amor”, “mi negro”.

Varios de los responsables del crimen aún están libres, y otros fueron condenados a penas reducidas.

“Jamás hemos dejado de confiar en la justicia aunque ha sido mezquina y tardía”, afirma Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos. Su hermano también fue capturado y torturado por la dictadura.

Al término de una reunión con el mandatario izquierdista Gabriel Boric en el palacio presidencial de La Moneda, Lira camina lentamente apoyada en su bastón.

“Para nosotros este gobierno ha sido como un respiro”, afirma frente al memorial de mujeres víctimas de la represión política. Cree que su mayor logro fue el impulso de un plan nacional de búsqueda de los desaparecidos.

Pero ahora Lira y otros defensores de los derechos humanos en Chile deberán tratar con el gobierno de Kast, un defensor de la dictadura que dejó más de 3.200 muertos y desaparecidos, y decenas de miles de torturados y presos políticos.

“Tenemos que tener más fuerza y seguir”, dice a sus 75 años.

– Un indulto polémico –

Kast considera apoyar un polémico proyecto de ley para indultar a unos 140 agentes del Estado presos por crímenes de lesa humanidad en la dictadura, incluido el exbrigadier del ejército Miguel Krassnoff, condenado a más de mil años de cárcel.

En su primera campaña a la presidencia en 2017, Kast visitó a violadores de los derechos humanos en la cárcel. Obtuvo menos de 8% de los votos en esos comicios.

“En el gobierno militar se hicieron muchas cosas por los derechos humanos”, afirmó entonces. También defendió a Krassnoff, acusado de torturar mujeres embarazadas.

“Yo conozco a Miguel Krassnoff. Viéndolo no imagino todas las cosas que se dicen de él”, dijo Kast a T13 radio.

Gaby Rivera era adolescente cuando comenzó a buscar a su padre desaparecido en 1975, y recién encontró sus restos en un recinto militar en 2001. Estaban casi intactos y con señales de quemadura en las manos.

“He vivido más buscando a mi padre que lo que viví con él”, explica esta mujer que hoy dirige la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Todavía recuerda su último beso de las buenas noches.

Un eventual indulto a los violadores de derechos humanos sería “horroroso”, afirma.

De joven, Kast apoyó el “sí” en el plebiscito de 1988 para que los militares continuaran en el gobierno, pero una mayoría de chilenos votó por el “no” que condujo al fin de la dictadura.

El ultraderechista evitó durante toda la campaña hablar de Pinochet, un tema que podía restarle votos. Su comando de campaña no respondió a pedidos de entrevista de la AFP.

“Kast fue electo a pesar de su apoyo a Pinochet, no por su apoyo a Pinochet”, reflexiona el analista político Robert Funk, de la Universidad de Chile.

Muchos temen que recorte el gasto para el Museo de la Memoria y cientos de instituciones que defienden los derechos humanos en Chile.

El moderno museo otorga dignidad y visibilidad a las víctimas de la dictadura y a “todo un país que sigue fracturado con esas heridas”, dice su directora, María Fernanda García.

“Nuestra historia no se puede borrar (…) Es un recordatorio constante a la sociedad de que estas violaciones a los derechos humanos no pueden volver a ocurrir”.

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