ARICA, Chile  — Los pandilleros venezolanos anotaron cuidadosamente incluso sus gastos más insignificantes: $15 por un Uber; $34 por productos de limpieza; $9 para café y jamón para el turno de vigilancia.

Las meticulosas hojas de cálculo incautadas en redadas policiales en la ciudad norteña de Arica, a las que The Associated Press tuvo acceso, se parecen más a la estructura contable de una empresa que a la de una organización criminal transnacional.

Pero son parte de una investigación de meses de la fiscalía chilena contra la banda de origen venezolano del Tren de Aragua, que se instaló silenciosamente en Chile hace unos cinco años y desató el terror con brutales asesinatos en uno de los países hasta hace poco más seguros de América Latina.

La investigación permitió iniciar un proceso judicial contra Los Gallegos, como se conoce a una de las principales ramas locales del Tren de Aragua, que derivó en la condena a más de una treintena de sus integrantes en un caso sin precedentes que se cerró este mes con la ratificación de las condenas por la Corte Suprema, que juntas suman más de 560 años de cárcel.

“Cuando estás enfermo y no tienes resistencia, el virus se empieza a meter por todo el cuerpo. Con las bandas organizadas ocurre lo mismo”, resumió a la AP el fiscal que lideró la investigación, Bruno Hernández, sobre cómo extendió sus brazos en territorio chileno el Tren de Aragua, clasificado como grupo terrorista extranjero por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

En el último lustro, Chile ha enfrentado una crisis de inseguridad que hasta entonces sólo veía de lejos en países vecinos azotados por el narcotráfico, como Perú, Ecuador o Colombia. 

Con llamadas interceptadas, teléfonos incautados, informes policiales sobre sus actividades e interrogatorios a varios de sus integrantes, que la AP pudo revisar, se estructuró un robusto expediente que expone detalles y particularidades sobre el funcionamiento interno del Tren de Aragua y sobre cómo pudo ampliar su frontera en pocos años desde las cárceles venezolanas hasta permear en varios países de la región.

Cómo se infiltró el Tren de Aragua en Chile 

Fue en 2022 cuando las autoridades chilenas empezaron a detectar que había crimen organizado en el país, con la llegada de Los Gallegos, un brazo del temido Tren de Aragua. Irrumpió en Chile cuando la pandemia del coronavirus cerró las fronteras, lo que animó a más venezolanos a recurrir a traficantes de personas para escapar de la crisis.

Aprovechando el éxodo masivo de los que buscaban oportunidades más al sur, Héctor Guerrero Flores —líder del Tren de Aragua, conocido como “Niño Guerrero” y sancionado este mes por Estados Unidos por trata de personas y otros delitos— envió a varios designados al país, seducido por una menor competencia criminal local y el potencial para sus actividades delictivas.

Se instalaron inicialmente en el norte, en Arica, una pequeña ciudad portuaria de 240.000 habitantes muy cerca de la frontera, que era la primera parada de los migrantes y un punto alejado en el que la presencia del Estado y de las fuerzas del orden es mucho menor que en Santiago, Valparaíso o Iquique. Arica está a más de 2.000 kilómetros de la capital.

En poco tiempo, la banda se apoderó del Cerro Chuño, un antiguo vertedero de esa ciudad norteña donde se apiñan en precarias infraviviendas migrantes indocumentados, que son más vulnerables al reclutamiento y a la explotación.

A medida que surgían casos de asesinatos o secuestros, con una brutalidad hasta entonces sin precedentes —algunos cuerpos aparecían desmembrados, quemados o enterrados vivos—, se prendieron las alertas de las autoridades de Arica ante la sofisticación de una organización criminal con múltiples capas y gran lealtad entre sus miembros.

El mes pasado, en la sede de la Policía de Investigaciones de Arica, AP acompañó al fiscal Hernández en un interrogatorio a Wilmer López, de 23 años. El presunto sicario de Los Gallegos siempre guardó silencio, con la mirada fija en sus zapatillas.

“Venezuela no estaba dentro de las bandas que nosotros conocíamos”, reconoce Hernández.

El fiscal montó entonces, con recursos limitados y poca experiencia, un equipo pionero con una decena de analistas, abogados e investigadores, que hasta hace poco era el único dedicado a perseguir exclusivamente al crimen organizado. 

“Marcó un hito”, señaló a AP el fiscal regional Mario Carrera desde Cerro Chuño.

Cámaras de tortura, descargas eléctricas y cuerpos en maletas 

Decodificar la estructura del Tren de Aragua, su compleja red de comunicación y la ruta del dinero fue crucial para desbaratar el brazo de Los Gallegos y condenar, el pasado noviembre, a 34 de sus miembros en un megajuicio por crimen organizado.

Pero una de las cosas más difíciles, según el equipo, fue convencer a las autoridades de que tomaran en serio al Tren de Aragua en un país donde la policía conducía vehículos sin blindaje y los detectives llegaban a los allanamientos sólo con un arma corta y una radio.

“La policía no creía en su propio trabajo”, dijo Esperanza Amor, abogada asistente del equipo de Hernández. 

Para la fiscalía, era fundamental demostrar en los tribunales que no eran “delitos aislados, sino que existía una estructura y un patrón”, recalcó Amor. De lo contrario, ”habrían sido juzgados como delincuentes comunes, no como un grupo transnacional”.

Ante jueces y testigos, el equipo investigador presentó detalles de cómo Los Gallegos sometieron a delincuentes rivales con terror. Documentos judiciales describen cámaras de tortura clandestinas, donde filmaban la agonía de desertores y enemigos mientras les administraban descargas eléctricas y les amputaban dedos.

Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados acribillados o desmembrados y metidos en maletas. Muchos fueron sepultados vivos.

Hubo incluso traficantes locales que entraron en pánico y el miedo se filtró a las calles de Arica. Había tiroteos a plena luz del día y delitos cada vez más violentos pasaron a ser frecuentes. 

La corrupción en el Estado, el riesgo más profundo 

El caso contra Los Gallegos, no obstante, no acabó con el problema en Chile. El crimen organizado, que se ha vuelto un desafío para todo el continente, va más allá de delitos violentos. Busca permear en las instituciones.

“No es la típica corrupción con dinero en sobres”, afirmó a AP Rubén Vargas, exministro de Interior de Perú, un país que también ha reconocido el calado de las organizaciones criminales transnacionales. “Se trata de operadores que ejercen un poder real en el sistema político y eso es mucho más peligroso”.

Aunque Chile figura entre los países menos corruptos de Latinoamérica, según Transparencia Internacional, varios episodios recientes sugieren que las bandas han conseguido penetrar al sistema. 

En el último mes, tres casos de narcotráfico han puesto la mira en los uniformados. En una base militar de la frontera norte, fue incautado medio kilo de droga. Asimismo, seis militares fueron detenidos por presuntamente integrar una banda que traficaba droga hacia la capital. 

Otros cinco soldados fueron sorprendidos trasladando un cargamento de ketamina, una droga alucinógena de uso veterinario. “Estamos viendo niveles de sofisticación muy nuevos que utilizan el aparato estatal y a los sistemas para favorecerse”, matizó Vargas.

“Si capturamos a alguien en la calle, sólo sacamos la punta del iceberg, pero no nos profundizamos en observar cómo operan”, apuntó a su vez Daniel Brunner, presidente de la firma de seguridad Brunner Sierra Group y exagente del FBI que investigó al Tren de Aragua.

Por eso, Pablo Zeballos, consultor en crimen organizado y exoficial de inteligencia policial en Chile, plantea que es necesaria la “persecución penal, inteligencia financiera, protección de testigos y cooperación con otros países para desmantelar las redes locales”. 

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