Es posiblemente la peor crisis del gobierno de Pedro Sánchez desde que llegara al poder en España hace 7 años.

El presidente del gobierno español y su formación, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), se han visto sacudidos en los últimos días por las revelaciones de que varios altos cargos del partido presuntamente habrían participado de una trama de corrupción que incluía cuantiosos pagos a cambio de la concesión de contratos de obra pública.

Entre los implicados está el exministro de Transportes socialista así como el número 3 del PSOE, ambos hombres de confianza de Sánchez.

Todos han negado los cargos.

Aunque la trama corrupta se destapó en 2024, el gobierno logró contener los daños hasta que el pasado jueves se hizo público un demoledor informe de la Guardia Civil con grabaciones que implicaba también al número 3 del PSOE, Santos Cerdán, quien ya dimitió de su cargo secretario de organización de la formación política y entregó su acta de diputado en el Parlamento español.

Sánchez se ha disculpado ante los españoles y los votantes del PSOE por haber confiado en Cerdán, pero se ha negado a dimitir o a adelantar la convocatoria de elecciones generales, como le pide la oposición conservadora.

Las primeras acusaciones, que se destaparon en febrero de 2024, se remontan a la pandemia de covid y apuntan a una presunta trama de corrupción en la que se habrían concedido contratos millonarios para comprar mascarillas en 2020.

Según las investigaciones de la Fiscalía y la Guardia Civil, se sospecha que esta trama pagó precios inflados por las mascarillas, que algunas de las que se compraron eran de mala calidad y que, además, parte del dinero fue a parar a comisiones ilegales.

Pero los contratos de las mascarillas parecen ser solo la punta del iceberg, según la investigación que está llevando a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil bajo el nombre de “Operación Delorme”.

La trama corrupta estaría también implicada, según sus pesquisas, en la adjudicación de obra pública y servicios a determinadas empresas a cambio del cobro de comisiones ilegales, así como del uso de empresas pantalla para blanquear ese dinero.

La investigación de la UCO no solo señala a varios políticos socialistas, sino a empresarios vinculados a grandes compañías como Acciona y otras.

La investigación llevó en un primer momento a la detención en 2024 de casi una veintena de personas entre las que se encontraban empresarios, conseguidores y un asesor político vinculado al PSOE, Koldo García, al que se considera eje central de la trama corrupta.

García fue acusado de operación criminal, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

Pero su detención arrastró en aquel momento a un peso pesado del PSOE, José Luis Ábalos, que había sido hasta 2021 ministro de Transportes y Secretario de Organización del PSOE, el tercer puesto con más poder de la formación.

Ábalos ha sido señalado por la investigación por su cercanía a Koldo García, que fue su asesor personal durante años, y se investiga si pudo ejercer de facilitador de la trama.

El exministro está siendo investigado por el Tribunal Supremo por cuatro delitos: tráfico de influencias, pertenencia a una organización criminal, cohecho y malversación.

Ábalos fue protagonista en 2020 de otro caso que sacudió al ejecutivo, al reunirse en el aeropuerto de Madrid con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, quien tenía prohibida la entrada al territorio Schengen por la Unión Europea. La prensa conservadora en España lo bautizó como el “Delcygate”.

El entonces ministro negó haberse encontrado con ella, luego cambió su versión varias veces, y la historia fue utilizada por la oposición del conservador Partido Popular (PP) y de Vox (ultraderecha), para desgastar su credibilidad y la del gobierno, a pesar de que judicialmente el caso fue cerrado.

Sin embargo, la investigación de la UCO reveló posteriormente que Delcy Rodríguez mantuvo vínculos con algunas personas de la trama corrupta en la que también se investiga al exministro.

El tercer gran nombre que ha destapado la “Operación Delorme” es el de Santos Cerdán, precisamente la persona que sustituyó a Ábalos al frente de la Secretaría de Organización del PSOE cuando el exministro fue destituido por Sánchez.

Cerdán era un hombre de la máxima confianza del presidente del gobierno y tenía un gran poder en el partido.

El propio Sánchez dijo al destaparse la presunta vinculación de Cerdán con la trama corrupta que “hasta esa misma mañana” había creído en las explicaciones que le proporcionaba el hombre que él mismo puso como número 3 del PSOE.

Santos Cerdán fue, además, una de las personas que apoyaron a Sánchez cuando se presentó como candidato a las primarias del partido en 2014, cuando pocos apostaban por él.

Las grabaciones de la UCO, en las que Cerdán, Ábalos y Koldo García presuntamente hablan de mordidas, también han desvelado otra corruptela. En uno de los mensajes, Cerdán le dice a García que introduzca dos papeletas “sin que te vea nadie” en la urna de esas primarias de 2014, aparentemente a favor de Sánchez.

El ahora presidente del gobierno ganó las primarias por una mayoría de más de 16.000 votos, por lo que esa presunta irregularidad no habría afectado al resultado. Pero esta grabación arroja más sombras sobre el gobierno de Sánchez.

Pedro Sánchez llegó a la presidencia del gobierno en 2018 tras una moción de censura contra el anterior gobierno, que estaba liderado por el conservador Mariano Rajoy y que se había visto lastrado por un escándalo de corrupción por el que fueron condenados varios miembros del PP.

La corrupción que vino a limpiar Sánchez parece afectar ahora a personas que han ocupado puestos de mucha responsabilidad en su partido.

Pero en su primera comparecencia tras conocerse las últimas revelaciones de la investigación, Sánchez descartó adelantar la convocatoria de elecciones generales, que están previstas para 2027.

El presidente del gobierno español ha negado estar al tanto del caso de corrupción y ha desvinculado el asunto del partido, asegurando que se trata de algo que afecta solo a unas pocas personas.

Tras cesar a Santos Cerdán, Sánchez ha propuesto que un equipo interino dirija el partido hasta que se celebre su próximo Comité Federal el mes que viene.

También ha ordenado una auditoría que analice las cuentas del PSOE para disipar las dudas sobre la posibilidad de que esas mordidas se estuvieran utilizando para financiar de manera ilegal el partido, algo de lo que no habla el informe de la Guardia Civil.

Pero Sánchez dirige un gobierno en precario equilibrio, que necesita de varios socios minoritarios -entre ellos la izquierda y los partidos nacionalistas catalanes y vascos- para mantenerse en pie.

Si alguno de ellos decidiera abandonar la coalición de gobierno, Sánchez se encontraría en minoría.

Es posible que el futuro de la coalición dependa de si las medidas que el gobierno adopte ahora para atajar el escándalo y llegar al fondo de la trama corrupta convencen a sus socios.

Tanto la vicepresidenta Yolanda Díaz, de la coalición de izquierdas Sumar, como la izquierda nacionalista catalana han asegurado que sus apoyos dependen de ello.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha pedido a Sánchez que dimita y que adelante los comicios, y ha descartado presentar una moción de censura. Los números, por el momento, no le dan, y la formación conservadora cree que daría “un balón de oxígeno al sanchismo”.

Feijóo también ha apelado a los grupos que apoyan al gobierno para que abandonen lo que su partido considera “una mafia”.

Sin embargo, la alternativa al gobierno socialista podría acabar siendo una coalición de la derecha del PP y la extrema derecha de Vox, una opción que ni la izquierda ni los nacionalistas querrían ver en el gobierno.

Pedro Sánchez ha descartado que vaya a dimitir.

Pero en abril de 2024, el presidente del gobierno español mantuvo un dramático suspense de cinco días sobre su futuro debido a la decisión de un tribunal de abrir una investigación sobre la presunta implicación de su esposa, Begoña Gómez, en un caso de corrupción y tráfico de influencias.

La denuncia fue interpuesta por varias asociaciones relacionadas con la ultraderecha y por el partido Vox, a pesar de que la UCO hizo un informe en el que no encontró delitos y la Fiscalía solicitó su archivo.

Tras cinco días en los que sopesó si seguir al frente del gobierno, Sánchez anunció que no dimitiría, afirmó que había motivaciones políticas detrás de las acusaciones contra su mujer y que el verdadero objetivo de la denuncia era acabar con su ejecutivo.

Pero no es el único caso que afecta al entorno del líder socialista.

El hermano del presidente, David Sánchez, también está en el ojo de la justicia e irá a juicio por supuesto tráfico de influencias y prevaricación por cómo se le otorgó el cargo público regional que ostenta.

Y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aliado de Sánchez, también será juzgado por revelar información confidencial en un caso que implica a la pareja sentimental de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, un peso pesado el PP.

En España cualquier persona o partido político se puede presentar como acusación particular en un proceso penal si se considera víctima de un delito, algo que ha sido usado con relativa frecuencia paara desgastar a adversarios políticos.

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