La secretaria regional ministerial (Seremi) del Ministerio de Medio Ambiente de Atacama, la bióloga Natalia Penroz, cuenta que siente “un gran orgullo” de haber logrado la protección de sistemas que históricamente no tenían grado alguno de conservación.

La apuesta en Atacama es ambiciosa. Tres de las nuevas áreas protegidas tendrán la categoría de parque nacional: el Parque Nacional de las Lagunas Bravas (que engloba las de Bravas, Redonda, Bayo y Escondida), el Parque Nacional Salar de Gorbea y el Parque Nacional Salar de Las Parinas.

A estos se sumarán la Reserva Nacional Salar de Pedernales y la creación de las primeras dos Reservas de Región Virgen (RRV) del país, denominadas Lagunas Collas y de Las Pisacas.

Esto último supone un hito porque es la categoría de protección más estricta de la legislación chilena, destinada a áreas que se mantienen en un estado natural prístino y donde está prohibida cualquier actividad humana, permitiendo únicamente la investigación científica y el monitoreo ambiental bajo estándares rigurosos.

Según Penroz, “este despliegue no solo busca salvar el agua, sino también el patrimonio genético de microorganismos extremófilos que habitan en estas cuencas” y que hoy, por primera vez, tienen nombre y apellido en los decretos de resguardo.

Sin embargo, la protección en Atacama es una moneda de dos caras.

El caso del salar de Pedernales, que contempla una protección parcial, es emblemático del conflicto entre conservación y minería. Mientras el Estado acaba de crear una Reserva Nacional, la gigante estatal del cobre, Codelco, mantiene derechos de agua que han impactado el acuífero por décadas.

Esta presión hídrica escaló a la Justicia cuando el Consejo de Defensa del Estado (CDE)  —el organismo técnico-jurídico encargado de defender los intereses patrimoniales y ambientales de la Nación—, demandó a la minera por causar un “daño irreversible” tras 36 años de extracción.

Aunque el litigio cerró en 2020 con un acuerdo de reparación, expertos como el ingeniero civil industrial y especialista hídrico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Ricardo Espinoza advierten que «es una contradicción técnica proteger la superficie si el acuífero se sigue vaciando».

Para el experto, cualquier declaratoria de protección será “insuficiente” si no se aborda el origen del estrés hídrico y se obliga a la industria minera a transitar definitivamente hacia el uso de agua desalinizada.

El Salar de Maricunga se presenta como el tablero más complejo de esta convivencia forzada.

Aunque aparecía en la lista original de protección en 2023 como el ecosistema número 27 por proteger, su estatus ha sido una constante interrogante debido a su valor estratégico: Codelco lo considera el segundo mejor salar del mundo en concentración de litio, solo después del de Atacama.

Este potencial económico se selló en mayo de 2025, cuando la estatal chilena firmó un acuerdo con el grupo británico Rio Tinto —el segundo conglomerado minero más grande del planeta— para iniciar la extracción de litio, con miras a comenzar las obras en 2030.

Ante este despliegue industrial, la apuesta del MMA ha sido una ampliación reducida a la Gran Laguna y al corredor biológico Pantanillo-Ciénaga Redonda, incluyendo el bofedal de La Gallina.

Penroz admite que, en un salar que es simultáneamente zona de conservación y de producción, la última línea de defensa recae en el Sistema de Evaluación Ambiental. «Cada proyecto tiene que definir cómo va a mitigar o compensar sus impactos. Todos vamos a estar mirando cuando ingresen al sistema», asegura.

La urgencia es también política. Con la entrada en vigencia del Sistema de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Maricunga —que está protegida como humedal de importancia internacional bajo la Convención Ramsar sobre los humedales— debe homologarse como área protegida del Estado chileno.

Antes de esta ley, los sitios Ramsar eran reconocidos pero no formaban parte formal del sistema de parques y reservas administrados por el Estado. La nueva legislación exige que estos humedales internacionales establecidos se integren al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), dándoles por primera vez una categoría jurídica nacional (como parque o reserva) y un plan de manejo vinculante.

Sin embargo, la ley no define qué categoría debe asignarse automáticamente. Es aquí donde radica el temor de las autoridades actuales: mientras el MMA “propone la categoría de parque nacional”, Penroz advierte que una nueva administración, bajo presiones de la industria del litio, “podría optar por una figura de menor protección”.

La propia Penroz reconoce que hubo salares «perdidos» para la protección ambiental como resultado de la negociación con el Ministerio de Minería. Es el caso de la Laguna Verde, un ícono turístico que quedó fuera de la Red.

Esta «protección negociada», como la describió Penroz, dejó un sabor agridulce para algunos científicos que conocen las costuras del proceso.

Para María Isabel Manzur, bióloga e investigadora en biodiversidad y recurso genético de la oenegé ambiental Chile Sustentable, “la fragmentación de los mapas en Atacama no responde a criterios ecológicos, sino a lo que la industria minera permitió conservar”.

Su voz tiene un peso histórico: Manzur es una de las mayores especialistas en conservación de Chile y trabajó durante 13 años como consultora en el Congreso legislativo para darle vida a la Ley 21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), conocida popularmente como la «Ley para la Naturaleza».

Esta legislación, aprobada en 2023, es el hito ambiental más importante del país en décadas, pues unificó la gestión de los parques y reservas bajo un solo órgano técnico ambiental, sacando la protección de los ecosistemas de la órbita de agencias estatales enfocadas en temas productivos o forestales.

A pesar de esta crítica, Penroz defiende que “pasar de casi nada a un 33 % de protección regional de los salares y lagunas es una ganancia que no se puede despreciar”.

En las oficinas de la Seremi, el argumento es que hay una urgencia vital: especies como el flamenco chileno, explican, muestran curvas de disminución poblacional que exigían acciones inmediatas, aunque éstas puedan ser vistas como parciales o insuficientes.

Al final, para el gobierno que termina su mandato en marzo, es preferible un blindaje fragmentado hoy que un ecosistema totalmente desprotegido mañana, justo cuando se siente la fiebre por el litio motivada por la demanda global por el mineral.