Todo partió con una idea aparentemente inofensiva del gobierno del presidente chileno Gabriel Boric: transformar la casa de Salvador Allende, en Santiago de Chile, en un museo que rescatara los aspectos más íntimos de su legado político.

Pero el capítulo se cerró con un duro golpe para el socialismo chileno y la hija del expresidente, la senadora Isabel Allende.

Este jueves el Tribunal Constitucional de ese país decidió -por amplia mayoría- destituirla de su cargo en el Congreso Nacional de Chile por haber firmado la compraventa de la propiedad, aun cuando la Constitución chilena le prohibía celebrar contratos con el Estado.

La decisión del organismo es inapelable y ha sido lamentada tanto por la propia legisladora como por el gobierno chileno. “Nos parece un precedente grave”, dijo la vocera de esa administración, Aisén Etcheverry.

Allende afirmó, a través de un comunicado, que tiene la “certeza de haber actuado siempre con total integridad”.

“En mis más 30 años de servidora pública jamás usé mi cargo para beneficio personal y siempre he respetado la Constitución y las leyes”, escribió.

“Siempre actuamos de buena fe y jamás recibimos un peso por un proyecto que no prosperó (…). La memoria del Presidente Allende permanecerá intacta. El fallo no la mancilla. Hoy no habrá museo, pero seguirán las calles y plazas con su nombre a lo largo de todo Chile y el mundo, así como su legado político y el cariño de millones de compatriotas”, agregó.

Era algo que el presidente Gabriel Boric había anunciado en el marco de los 50 años del Golpe de Estado que terminó con el gobierno democrático de Salvador Allende, y que se conmemoró el 11 de septiembre de 2023.

Pero fue el 31 de diciembre del 2024 que el Ministerio de Bienes Nacionales hizo el anuncio formal.

El Estado compraría la casa de la calle Guardia Vieja, en la comuna de Providencia de la capital chilena, donde Salvador Allende vivió con su esposa Hortensia Bussi y sus hijas entre 1953 y 1971, para convertirla en un museo.

La propiedad, residencia de Isabel Allende en los últimos años, fue construida por el arquitecto Fernando Castillo Velasco en 1948. La familia ha destacado por años el valor emocional que tiene para ellos el lugar. Fue ahí donde se forjó la carrera politica del líder de la Unidad Popular, quien ganaría las elecciones presidenciales de 1970 tras varios intentos fallidos.

El gobierno de Boric informó que la casa sería vendida por la familia Allende al Estado de Chile por cerca de 930 millones de pesos chilenos, equivalentes a unos US$980.000. En esa comunicación, el gobierno también anunció que haría lo propio con la residencia del fallecido expresidente Patricio Aylwin (1990-1994).

A esas alturas las alertas ya se habían encendido en el Partido Socialista, donde milita la senadora Isabel Allende.

Tanto ella como la entonces ministra de Defensa y nieta de Allende, Maya Fernández, tenían derechos sobre la propiedad de la casa y, por tanto, su participación directa en la transacción podría ser fuente de controversia.

La Constitución chilena establece en su artículo 60 que “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado”.

Cuando las alarmas llegaron a oídos del gobierno de Gabriel Boric la compraventa se suspendió: “Debido a la actual estructura de copropiedad de la comunidad de herederos del expresidente Allende, se ha determinado que no es posible concretar la adquisición de la residencia del exmandatario”, anunciaron en un comunicado.

Por esos días la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, salió de su cargo como una forma de poner coto a la polémica, mientras en el gobierno se seguían buscando responsables del error de cálculo.

El 16 de marzo el presidente chileno dijo que la idea de comprar la casa de Allende fue de él. “Esto lo he dicho en privado y lo digo públicamente: yo, como presidente, le planteé a la senadora (Isabel) Allende, le planteé también a la familia Aylwin, que consideraba que las casas del presidente que murió defendiendo la democracia en La Moneda y quien había sido el primer presidente retomada la democracia, tenían que ser patrimonio público”, afirmó Boric en Chilevisión.

Sin embargo, la defensa tanto del gobierno como de la senadora Allende siempre ha sido que, pese a los avances en los trámites de compraventa, ésta no terminó de celebrarse por lo que no se habría terminado por configurar la infracción.

Fue la derecha chilena la que llevó el asunto ante el Tribunal Constitucional.

La votación en donde se definió el futuro de la parlamentaria fue contundente: solo dos ministros del tribunal rechazaron su destitución, mientras que ocho estuvieron a favor de removerla de sus funciones parlamentarias e inhabilitarla por dos años de ejercer cargos públicos.

Ahora solo resta que el Tribunal Constitucional redacte la sentencia con los argumentos que sustentaron su voto de mayoría. Solo una vez que el organismo notifique formalmente al Senado de Chile Allende cesará en el cargo y su partido deberá designar su reemplazo.

Desde que estalló el caso, la oposición al gobierno del presidente chileno, además, presionó para que la nieta de Allende, Maya Fernandez, renunciara a su cargo como ministra de Defensa.

Tras la presentación de una acusación constitucional en su contra, que buscaba destituirla e inhabilitarla por cinco años para ejercer cargos públicos, la también socialista presentó su renuncia el pasado 10 de marzo.

“El proceso no fue bien llevado y eso lo lamento…Siempre uno tiene que hacer autocrítica respecto de los procedimientos”, dijo la hija de Beatriz Allende, la segunda de las tres hijas de Salvador Allende y Hortensia Bussi.

En el gobierno de Gabriel Boric, además de lamentar la decisión del Tribunal Constitucional, destacaron la trayectoria de Isabel Allende en la política chilena.

Desde su gira por la India, el propio jefe de Estado tuvo palabras para ella. “El pueblo de Chile le debe mucho a Isabel Allende. En la recuperación de la democracia, en los avances de los derechos de las mujeres, en la institucionalidad ambiental, en la protección de los trabajadores, en el resguardo de la memoria histórica y en tantas otras materias”, escribió en X el presidente Gabriel Boric.

“Respetando las instituciones como me corresponde, puedo afirmar que tengo plena certeza de su integridad, y que jamás, jamás ha intentado sacar ventajas pequeñas. Siempre ha tenido a Chile por delante. Mi sincero cariño y eterno respeto en estos momentos duros”, añadió.

La vocera de su administración, Aisén Etcheverry, había destacado antes que “la senadora Isabel Allende representa una trayectoria política, profesional y personal de compromiso democrático que ha marcado profundamente la historia de nuestro país. Tenemos la convicción de que ella y su familia actuaron de buena fe”.

Allende ha sido considerada como la principal guardiana del legado del expresidente tras el Golpe de Estado. Durante su exilio en México recorrió el mundo denunciando las atrocidades cometidas por el régimen de Augusto Pinochet.

Con el retorno a la democracia, fue electa como diputada en 1993, cargo en el que sería reelecta por varios periodos. En 2010 llegó al Senado, donde hizo historia como la primera mujer en asumir la presidencia del organismo.

También fue la primera mujer en ser presidenta del Partido Socialista de Chile.

Por la mancha que supone esto en su trayectoria, su destitución tensiona a la coalición de gobierno de Gabriel Boric en un año electoral y, por tanto, particularmente sensible. En el Partido Socialista resienten que hayan sido históricas militantes suyas quienes pagaran el precio mayor por un error que le cargan a la administración del presidente chileno.

En la derecha chilena, en tanto, celebraron la decisión. La candidata presidencial de parte de ese sector, Evelyn Matthei, señaló que “nuestra Constitución se debe cumplir y respetar siempre. El gobierno no se apegó ni respetó las leyes. No hay lugar para excepciones ni privilegios para nadie”.

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